La inteligencia artificial está transformando la forma en que accedemos a la información. Cada día más personas recurren a asistentes virtuales o programas automáticos para resolver dudas de todo tipo, incluso cuestiones jurídicas. Sin embargo, aunque pueda parecer una opción rápida y cómoda, utilizar la inteligencia artificial para asesorarse sobre temas legales en España implica riesgos significativos que conviene conocer antes de basar en ella cualquier decisión.
Lo primero que debemos tener presente es que la inteligencia artificial no sustituye el criterio ni la responsabilidad de un abogado. Las herramientas automáticas pueden ofrecer explicaciones generales sobre leyes o conceptos jurídicos, pero carecen de la capacidad para interpretar un caso concreto, analizar circunstancias personales o valorar la aplicación práctica de la norma. El Derecho no se limita a conocer las leyes, sino a aplicarlas correctamente según cada situación, algo que solo un profesional con experiencia y formación puede hacer.
Otro riesgo evidente es la posible desactualización de la información. El ordenamiento jurídico español evoluciona constantemente: se aprueban nuevas normas, se modifican reglamentos y los tribunales dictan sentencias que cambian la interpretación de las leyes. Una IA que no haya sido entrenada con datos recientes puede ofrecer respuestas erróneas o incluso contrarias a la legislación vigente. Además, estas herramientas no suelen citar fuentes verificables, lo que impide comprobar la fiabilidad del contenido.
A ello se suma la ausencia de responsabilidad legal. Si un abogado se equivoca, responde ante su cliente y dispone de un seguro de responsabilidad civil. En cambio, las plataformas de inteligencia artificial no asumen ninguna obligación ni ofrecen garantías sobre la veracidad de sus respuestas. Si una persona actúa siguiendo una recomendación errónea —por ejemplo, al firmar un contrato o presentar un recurso—, no podrá reclamar por los daños ocasionados.
También es importante considerar la protección de datos y la confidencialidad. Introducir información personal o sensible en una herramienta de IA puede implicar que esos datos se almacenen en servidores externos o incluso en otros países, con el riesgo de vulnerar el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Los despachos de abogados están legalmente obligados a mantener el secreto profesional y garantizar la privacidad de sus clientes, algo que las plataformas tecnológicas no pueden asegurar.
Por último, debe tenerse en cuenta que muchas de estas herramientas se entrenan con información de origen extranjero, en especial del derecho anglosajón. Esto provoca que, aunque respondan en español, sus explicaciones no siempre se ajusten al contexto jurídico español, generando confusión y posibles malentendidos.
En definitiva, la inteligencia artificial puede ser un apoyo útil para tareas administrativas o de búsqueda general de información, pero no debe emplearse como sustituto del asesoramiento jurídico profesional. Los asuntos legales requieren rigor, conocimiento actualizado y responsabilidad. Confiar en un sistema automatizado puede parecer una solución rápida, pero el riesgo de error es elevado y las consecuencias pueden ser graves.
